S. McCoy - Cotizalia
No soy sospechoso de simpatizar demasiado con Rosa Díez ni con el partido por ella fundado, UPyD. De hecho discrepo en algunos puntos esenciales de su ideario, como el que hace referencia a la preeminencia de la voluntad democrática, manifestado a través de iniciativas legislativas parlamentarias, frente al derecho natural, que es aquél que asegura la continuidad y armonía social (punto 55, página 23 de su ponencia política). Sin embargo, como lo cortés no quita lo valiente, he de reconocer en ella dos grandes virtudes, una de las cuales me afecta personalmente. ¿Cuáles son?
En primer lugar, su oportunismo, en el sentido menos peyorativo del término. Igual que Esperanza Aguirre logró transformar su imagen de tonta de los Gobiernos de Aznar a Dama de Hierro de la política madrileña, Rosa ha conseguido ser alternativa a los dos grandes partidos pese a un pasado pleno de derrotas electorales. Y lo ha hecho adueñándose de aquellos conceptos que deberían ser columna vertebral de cualquier interesado en la unidad y el futuro de España. Además, me gusta en segundo término su renuncia a la endogamia que caracteriza a la gran mayoría de las formaciones nacionales, permitiendo incluso que un modesto servidor acuda, en su condición de observador independiente de la realidad, a algún acto de UPyD sin cortapisa alguna al discurso a realizar o la temática a tratar. Y les garantizo que no le regalé, ni mucho menos, los oídos con mi intervención.
Aprovechando su reciente visita a "El Confidencial", que ha coincidido con unos datos de la encuesta de CIS realmente buenos para UPyD, me he parado a bucear en el programa económico de su equipo, recogido en la ponencia a la que antes he hecho referencia y que nace del Primer Congreso Nacional, celebrado en Madrid entre el 20 y el 22 de noviembre del año pasado. Un documento en el que busco respuesta a siete grandes Reformas, a saber: de la Administración Pública, del Mercado Interior, Laboral, Educativa, Tributaria, Financiera y de la Seguridad Social, con objeto de ver las propuestas que realiza. En un momento como el actual, cualquier tercera fuerza que quiera consolidarse en tal posición ha de abordar estas cuestiones con la suficiente solvencia y ausencia de demagogia.
Lo primero que se percibe, a primera vista, es una honda preocupación por la cuarta de ellas, la de la educación, que aparece de modo transversal a lo largo de sus 71 páginas y a la que dedica un apartado específico de sus conclusiones, el Título Tercero. Una sección que, más allá de la anécdota de la defensa de una educación de la ciudadanía “constitucional” o el rechazo a la presencia de signos religiosos en las aulas (punto 127, página 50), es un compendio tal de sentido común que debería ser puesto en el frontispicio de cualquier renovación del sistema, tanto escolar como universitario, que se quisiera abordar. Se nota dónde tiene sus caladeros de militancia.
Auditorías de calidad internas y externas, aumento del nivel de exigencia, limitación de permanencia, autoridad del profesorado, modificación de los requisitos de acceso al mismo, lucha contra el acoso e integración frente a multiculturalidad, entre otros, en el colegio; Bolonia con condiciones, homologación académica, eliminación del exceso de capacidad, movilidad de alumnos y profesores, pruebas de acceso y separación de docencia e investigación, por poner sólo unos ejemplos, en la facultad. Les recomiendo encarecidamente la lectura de sus 11 páginas, de la 47 a la 57.
Algo más etéreo es el contenido del Título IV, que versa sobre el cambio de modelo económico. Menos concreción y una larga serie de lugares comunes en el trabajo coordinado por el colaborador quincenal de "Cotizalia" con su -Hablando Claro-, Alvaro Anchuelo. No es un reproche; es tal la profusión de temas y los matices asociados a los mismos que, probablemente, sea imposible un mayor grado de precisión en un papel de este tipo que no es, ni pretende ser, programa electoral. Aún así, sobre los principios de competencia, eficiencia, equidad (equiparación salarial entre sexos y fomento de las ayudas a la infancia) y sostenibilidad medioambiental “para transmitir un planeta habitable a las generaciones futuras”, UPyD realiza las siguientes propuestas, que recojo en sus titulares (el orden es el del documento):
Defensa del libre mercado. El Estado ha de participar para corregir sus fallos y ayudar a la redistribución de la renta. Es complementario y no sustituto de la iniciativa privada.
Vinculación de las decisiones de carácter económico a la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo, superando el cortoplacismo imperante en gobiernos y empresas.
Recuperación del papel del gobierno central frente a los autonómicos, aumentando así el margen de maniobra de aquél y el control sobre éstos. Destaco por su certeza: “con la actual organización territorial, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales” (punto 150, página 60).
Reforma financiera. Recogida en los apartados 152 a 156 recoge las tendencias internacionales sobre la materia. Evitación de riesgo sistémico, protección de la clientela, estandarización de productos, mejora de ratios de capital y liquidez de la banca, prohibición de los off balance y de la excesiva concentración de riesgos por parte de la misma, supervisión supranacional.
Reforma urgente del marco regulador de las Cajas de Ahorro que reduzca la participación de las AA.PP. en sus órganos de gestión. Mantenimiento de su carácter social.
Coordinación a nivel nacional de la política fiscal. Establecimiento de techo de déficit en el 3% de Maastricht. Preferencia siempre de la reducción del gasto corriente, especialmente en el ámbito regional y local, frente a las subidas de impuestos. Persecución del criterio de eficiencia en la programación de las inversiones públicas “de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía” (punto 162, página 64).
Mejora de las prestaciones sociales, especialmente de las no contributivas, y de la calidad de los servicios públicos.
Simplificación tributaria. Eliminación de la dualidad progresividad (trabajo)/proporcionalidad (capital) del IRPF. Búsqueda de la equidad como objetivo prioritario. Revisión del marco fiscal de los autónomos. Lucha contra el fraude fiscal con dotación adecuada de medios. Financiación privada de partidos y sindicatos.
Preeminencia de los principios de simplicidad, multilateralidad, solidaridad, suficiencia, corresponsabilidad y transparencia en la financiación autonómica con una sola meta: la igualdad entre los ciudadanos de todas las regiones del estado. Refuerzo de la recaudación central frente a la de las comunidades. Rechazo a cesiones tributarias de más del 50% de un determinado tributo.
Equiparación fiscal de los distintos territorios con objeto de salvaguardar la unidad de mercado.
Reforma de la financiación local. Mayor participación de los Ayuntamientos en los tributos del estado y de las CC.AA.
Simplificación contractual en el mercado de trabajo. Unificación de sistema salarial y coste de despido, que deberá abaratarse. Mejora de las políticas activas de empleo a través de la formación y los incentivos, como reducción de las cuotas a la Seguridad Social por las nuevas contrataciones.
Modificación del marco normativo de la negociación colectiva para adecuarlo a la realidad individual de las empresas. Mayor flexibilidad. Fomento de la conciliación.
Alargamiento voluntario de la vida laboral, mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, penalización fiscal a las prejubilaciones y eliminación de privilegios de determinados colectivos, como los parlamentarios, son los ejes de su reforma del sistema de pensiones.
Cambio de modelo energético alrededor de cuatro ejes: menor dependencia, mejora de eficiencia, rebaja de costes y limitación del impacto medioambiental. Hacer del mismo elemento dinamizador de la economía (empleo, I+D). Sí a la energía nuclear.
Reducción de costes operativos en la producción renovable y eliminación progresiva de las subvenciones al sector. Fomento del ahorro. Aumento de la competencia a través de la simplificación tarifaria.
Restauración de la unidad del mercado interior mediante la eliminación de las barreras a la libre circulación e instalación de empresas y ciudadanos, especialmente lingüísticas. Unificación estatal del régimen de concursos públicos. Armonización normativa.
Liberalización de la economía. Aumento de la competencia. Control de las prácticas oligopolísticas. Simplificación del régimen administrativo para la creación de empresas.
Transformación del sistema nacional de innovación vinculando investigación con empresa. Participación de la financiación pública en proyectos y establecimiento de incentivos fiscales a la i+D+I. Estímulos para el retorno a España del talento profesional español que desarrolla su actividad en el extranjero.
Dinamización del mercado de alquiler con especial énfasis en la protección jurídica del arrendador.
Con ellas, que quedan sometidas a su juicio certero, les dejo por hoy. Buena semana a todos.
En primer lugar, su oportunismo, en el sentido menos peyorativo del término. Igual que Esperanza Aguirre logró transformar su imagen de tonta de los Gobiernos de Aznar a Dama de Hierro de la política madrileña, Rosa ha conseguido ser alternativa a los dos grandes partidos pese a un pasado pleno de derrotas electorales. Y lo ha hecho adueñándose de aquellos conceptos que deberían ser columna vertebral de cualquier interesado en la unidad y el futuro de España. Además, me gusta en segundo término su renuncia a la endogamia que caracteriza a la gran mayoría de las formaciones nacionales, permitiendo incluso que un modesto servidor acuda, en su condición de observador independiente de la realidad, a algún acto de UPyD sin cortapisa alguna al discurso a realizar o la temática a tratar. Y les garantizo que no le regalé, ni mucho menos, los oídos con mi intervención.
Aprovechando su reciente visita a "El Confidencial", que ha coincidido con unos datos de la encuesta de CIS realmente buenos para UPyD, me he parado a bucear en el programa económico de su equipo, recogido en la ponencia a la que antes he hecho referencia y que nace del Primer Congreso Nacional, celebrado en Madrid entre el 20 y el 22 de noviembre del año pasado. Un documento en el que busco respuesta a siete grandes Reformas, a saber: de la Administración Pública, del Mercado Interior, Laboral, Educativa, Tributaria, Financiera y de la Seguridad Social, con objeto de ver las propuestas que realiza. En un momento como el actual, cualquier tercera fuerza que quiera consolidarse en tal posición ha de abordar estas cuestiones con la suficiente solvencia y ausencia de demagogia.
Lo primero que se percibe, a primera vista, es una honda preocupación por la cuarta de ellas, la de la educación, que aparece de modo transversal a lo largo de sus 71 páginas y a la que dedica un apartado específico de sus conclusiones, el Título Tercero. Una sección que, más allá de la anécdota de la defensa de una educación de la ciudadanía “constitucional” o el rechazo a la presencia de signos religiosos en las aulas (punto 127, página 50), es un compendio tal de sentido común que debería ser puesto en el frontispicio de cualquier renovación del sistema, tanto escolar como universitario, que se quisiera abordar. Se nota dónde tiene sus caladeros de militancia.
Auditorías de calidad internas y externas, aumento del nivel de exigencia, limitación de permanencia, autoridad del profesorado, modificación de los requisitos de acceso al mismo, lucha contra el acoso e integración frente a multiculturalidad, entre otros, en el colegio; Bolonia con condiciones, homologación académica, eliminación del exceso de capacidad, movilidad de alumnos y profesores, pruebas de acceso y separación de docencia e investigación, por poner sólo unos ejemplos, en la facultad. Les recomiendo encarecidamente la lectura de sus 11 páginas, de la 47 a la 57.
Algo más etéreo es el contenido del Título IV, que versa sobre el cambio de modelo económico. Menos concreción y una larga serie de lugares comunes en el trabajo coordinado por el colaborador quincenal de "Cotizalia" con su -Hablando Claro-, Alvaro Anchuelo. No es un reproche; es tal la profusión de temas y los matices asociados a los mismos que, probablemente, sea imposible un mayor grado de precisión en un papel de este tipo que no es, ni pretende ser, programa electoral. Aún así, sobre los principios de competencia, eficiencia, equidad (equiparación salarial entre sexos y fomento de las ayudas a la infancia) y sostenibilidad medioambiental “para transmitir un planeta habitable a las generaciones futuras”, UPyD realiza las siguientes propuestas, que recojo en sus titulares (el orden es el del documento):
Defensa del libre mercado. El Estado ha de participar para corregir sus fallos y ayudar a la redistribución de la renta. Es complementario y no sustituto de la iniciativa privada.
Vinculación de las decisiones de carácter económico a la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo, superando el cortoplacismo imperante en gobiernos y empresas.
Recuperación del papel del gobierno central frente a los autonómicos, aumentando así el margen de maniobra de aquél y el control sobre éstos. Destaco por su certeza: “con la actual organización territorial, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales” (punto 150, página 60).
Reforma financiera. Recogida en los apartados 152 a 156 recoge las tendencias internacionales sobre la materia. Evitación de riesgo sistémico, protección de la clientela, estandarización de productos, mejora de ratios de capital y liquidez de la banca, prohibición de los off balance y de la excesiva concentración de riesgos por parte de la misma, supervisión supranacional.
Reforma urgente del marco regulador de las Cajas de Ahorro que reduzca la participación de las AA.PP. en sus órganos de gestión. Mantenimiento de su carácter social.
Coordinación a nivel nacional de la política fiscal. Establecimiento de techo de déficit en el 3% de Maastricht. Preferencia siempre de la reducción del gasto corriente, especialmente en el ámbito regional y local, frente a las subidas de impuestos. Persecución del criterio de eficiencia en la programación de las inversiones públicas “de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía” (punto 162, página 64).
Mejora de las prestaciones sociales, especialmente de las no contributivas, y de la calidad de los servicios públicos.
Simplificación tributaria. Eliminación de la dualidad progresividad (trabajo)/proporcionalidad (capital) del IRPF. Búsqueda de la equidad como objetivo prioritario. Revisión del marco fiscal de los autónomos. Lucha contra el fraude fiscal con dotación adecuada de medios. Financiación privada de partidos y sindicatos.
Preeminencia de los principios de simplicidad, multilateralidad, solidaridad, suficiencia, corresponsabilidad y transparencia en la financiación autonómica con una sola meta: la igualdad entre los ciudadanos de todas las regiones del estado. Refuerzo de la recaudación central frente a la de las comunidades. Rechazo a cesiones tributarias de más del 50% de un determinado tributo.
Equiparación fiscal de los distintos territorios con objeto de salvaguardar la unidad de mercado.
Reforma de la financiación local. Mayor participación de los Ayuntamientos en los tributos del estado y de las CC.AA.
Simplificación contractual en el mercado de trabajo. Unificación de sistema salarial y coste de despido, que deberá abaratarse. Mejora de las políticas activas de empleo a través de la formación y los incentivos, como reducción de las cuotas a la Seguridad Social por las nuevas contrataciones.
Modificación del marco normativo de la negociación colectiva para adecuarlo a la realidad individual de las empresas. Mayor flexibilidad. Fomento de la conciliación.
Alargamiento voluntario de la vida laboral, mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, penalización fiscal a las prejubilaciones y eliminación de privilegios de determinados colectivos, como los parlamentarios, son los ejes de su reforma del sistema de pensiones.
Cambio de modelo energético alrededor de cuatro ejes: menor dependencia, mejora de eficiencia, rebaja de costes y limitación del impacto medioambiental. Hacer del mismo elemento dinamizador de la economía (empleo, I+D). Sí a la energía nuclear.
Reducción de costes operativos en la producción renovable y eliminación progresiva de las subvenciones al sector. Fomento del ahorro. Aumento de la competencia a través de la simplificación tarifaria.
Restauración de la unidad del mercado interior mediante la eliminación de las barreras a la libre circulación e instalación de empresas y ciudadanos, especialmente lingüísticas. Unificación estatal del régimen de concursos públicos. Armonización normativa.
Liberalización de la economía. Aumento de la competencia. Control de las prácticas oligopolísticas. Simplificación del régimen administrativo para la creación de empresas.
Transformación del sistema nacional de innovación vinculando investigación con empresa. Participación de la financiación pública en proyectos y establecimiento de incentivos fiscales a la i+D+I. Estímulos para el retorno a España del talento profesional español que desarrolla su actividad en el extranjero.
Dinamización del mercado de alquiler con especial énfasis en la protección jurídica del arrendador.
Con ellas, que quedan sometidas a su juicio certero, les dejo por hoy. Buena semana a todos.
